Jueves 07 de Mayo de 2026

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En su mañanera del lunes anterior, la presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo negó que la demanda del gobierno de los Estados Unidos de aprehender y extraditar al ahora gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y otras nueve personas le hubiera colocado ante “un terrible dilema”: entregarlos o correr el riesgo de una invasión.

En sa oportunidad, como lo ha hecho con frecuencia en lo últimos días, la gobernante mexicana hizo una contundente defensa de la soberanía como parte de la cual afirmó no estár dispuesta a agachar la cabeza ni a negociar la soberanía nacional frente a las presiones de Estados Unidos

"Primero, la presidenta no agacha la cabeza. Su presidenta va a defender la soberanía por encima de todo y vamos a actuar con justicia, como lo hemos hecho hasta ahora. Un principio que no es negociable bajo ninguna circunstancia es la soberanía", agregó al reafirmar que su administración no encubre a Rocha Moya ni a nadie más.

Por cierto, la expresión de estar ante un ¡gave dilema” se la atribuyo al historiador y periodista Héctor Agullar Camín, quien ayer mismo, en su columna diaria publicada por el diario Milenio.

Por desgracia, a pesar de tales comentarios y precisiones, la amenaza contra México es real. Ayer mismo, el voluntarioso presidente de los Estados Unidos, el magnate Donald Trump, renovó sus amenazas de enviar a sus fuerzas armadas a perseguir las organizaciones criminales declaradas “terroristas” por su gobierno, lo que significa entrar a México sin solicitar licencia.

En un discurso pronunciado en la Casa Blanca en el marco de la celebración del día de la madre, el déspota Trump, declaró que si las autoridades mexicanas “no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros” y precisó que sus acciones serían por tierra.

“La entrada de drogas por mar ha disminuido 97 por ciento, y ahora hemos puesto en marcha la fuerza terrestre, que es mucho más fácil. Escucharán algunas quejas de algunas personas en México y otros lugares, pero si ellos no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros”, expresó el mandatario que ya ha dado numerosas muestras, en diversas partes del mundo, de imponer sus decisiones. Sólo dos botones de muestra: su invasión a Venezuela para derrocar y llevar preso al presidente de esa nación sudamericana, Nicolás Maduro, y las acciones en diversos países de Medio Oriente, sin importar lo que tiene que destruir.

Las declaraciones del magnate republicano surgieron un día después de que la Oficina de Política Nacional de Control de drogas (ONDCP) diera a conocer la llamada Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026 que comprende la coordinación con México, para el combate a los cárteles bajo el argumento de ser un riesgo para la seguridad nacional.

Dicho plan insiste en operaciones militares más allá de suelo estadounidense para combatir a los principales grupos del narco como son el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.

A pewsare de esa amenaza real de intromisión de agentes o soldados de Estados Unidos en territorio mexicano, los legisladores oficialistas siguen más preocupados en perseguir a la gobernadora panista de Chihuahua, María Eugenia (Maru) Campos, con el pretexto de que cometió traición a la patria al permitir que agentes de los Estados Unidos participaran en una operación para destruir laboratorios donde se procesaban enormes cantidades de drogas, especialmente fentanilo.

Ese encono contra la mandataria chihuahuense se refrendó ayer en la sesión de ls Comisión Permanente, que en el actual receso sesiona en la sede del Senado.

La embestida contra la mandataria de ese estado norteño, cuyo principal delito es ser militante de un partido de oposicón (PAN), la encabezó el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, quien ha cambiado radicalmente de postura, pues cuando se conocieron los primeros informes acerca del operativo en Chihuahua y la supuesta participación de agentes estadunidenses, ese legislador admitió que la pomposamente denominada Cámara Alta no tiene facultades para obligar a un gobernador a comparecer para reindir cuentas acerca de sus acciones.

Por eso, los senadores recurrieron a un subterfugio, en vez de obligar a la mandataria a presentrarse en la sede de su cámara y recurrieron a una “invitación”. Maru Campos percibió la trampa y declinó, pero eso no hizo que los legisladores oficialistas dejaran de lado la cacería.

En tal sentido resultó la sesión de ayer de la Permanente, pues los oficialistas promovieron que se incluyera en la agenda políticael juicio contra el gobierno de Chihuahua.

La presentación de ese capítulo se dividió entre la diputada Beatriz Andrea Navarro Pérez y el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, el tabasqueño Óscar Cantón Zetina, quienes incluyeron al actual gobierno de Chihuahua y a toda la oposición de no defender la soberanía nacional, de estar siempre . “contra México”. En cambio, defendió a Rocha Moya y sus colaboraores por someterse al fuero constitucional.

Además, Cantón amenazó con que, de acuerdo con la ley, “se impondrá la pena de prisión de cinco a 40 años y multa hasta de 50 mil pesos al mexicano que cometa traición a la patria”.

Después vino el posicionamiento de los grupos parlamentarios y, para empezar, Gibrán Ramírez Reyes, ex de Morena, ahora de MC, de plano obvió el caso de Chihuahua y señaló que el actual conflicto nacional se inició “en unas elecciones fraudulentas que fueron documentadas poco a poco por el periodismo sinaloense. No lo advertimos entonces miles de ciudadanos que teníamos a Rubén Rocha por una persona decente.

“Hubo después una batalla para cooptar todo el poder estatal y sólo la Universidad Autónoma de Sinaloa resistió a esa cooptación, la UAS salió a marchar por su autonomía dos veces con más de 100 mil personas, encabezadas por su valeroso rector, entonces Robespierre Lizárraga.

“Repito, dos manifestaciones de 100 mil personas y pocos medios nacionales prestaron atención. La resistencia sólo terminó cuando asesinaron a Héctor Melesio Cuén, líder moral de muchos universitarios, convertido en el principal crítico del régimen de Rubén Rocha Moya y de Enrique Inzunza, su principal operador y, algunos dirían, su jefe político”.

Luego recordar cómo el grupo político de Rocha Moya se apoderó de todos los poderes del estado en donde colocaron a numerosos parientes, Gibrán Ramírez recordó haber presentaron un punto de acuerdo para desaparecer los poderes en Sinaloa, pero no pasó a pesar de las evidencias de ilegalidades.

Remató: “no, señores, la soberanía no se defiende son soflamas, se ejerce con la ley en la mano. Seamos soberanos, juzguemos políticamente a Ruben Rocha Moya y a Enrique Inzunza en este lugar”.

Por su parte, el coordinador de los senadores del PRI, Rubén Moreira Valdez se lanzó contra Morena y su gobierno:

“Morena debilitó el Estado de derecho y hoy estamos en crisis.

“La economía del país se hunde. Hace un rato alguien decía que ¿dónde estaban las pruebas? Muy bien, la inflación galopa, crece la informalidad, ahí están las cifras, y no hay detención de los precios de los productos, no hay crecimiento económico. Dijeron que iba a crecer el país, en este trimestre nada más decrecieron 0.8.

“El gobierno está quebrado. Ddos pruebas: la primera, el endeudamiento, de 10.5 billones de deuda histórica, van a terminar en casi 21 billones cuando termine este año. Segunda, aquí en la Cámara de Senadores, presidenta, no se hace la declaratoria de constitucionalidad de la reforma al artículo 123, porque en ella contiene el aumento de salarios, sobre todo de burócratas.

“¿Y por qué no se hace? Pues porque el país está quebrado”, recalcó el coordinador priista.

Por separado, en conferencia de prensa, el coordinador de los senadores del PAN, el excandidato presidencial Ricardo Anaya Cortés fue más contundente, al demandar la desaparición de poderes en Sinaloa y juicio político contra el gobernador con licencia, Rocha Moya.

“No nos confundamos, no solamente el narco se infiltró en el Poder Ejecutivo, en la Fiscalía, en la policía, en su alianza con Morena y con Rocha Moya. También a través de la narcoelección judicial se infiltraron en el Poder Judicial, y es evidente que también están infiltrados en el Poder Legislativo local. Ejecutivo, Legislativo y Judicial se tienen que ir”.

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