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Los diputados del bloque oficialista (Morena-PT-PVEM) llegaron con la
espada desenvainada para imponer la reforma a la Ley de Amparo y cumplir
así la voluntad del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues les
quedan muy pocos días para tratar de limitar las facultades del Poder
Judicial y del resto de los organismos autónomos.
La embestida la inicio la diputada de Morena Adriana Bustamante
Castellanos, integrante de la Comisión de Justicia, a quien correspondió
fundamentar la iniciativa de reforma a los artículos 129 y 148 de la Ley
de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de evitar que
un amparo concedido contra una norma que se considera inconstitucional
tenga aplicación general.
La legisladora de Morena fue elegida para representar a la
comisión de Justicia porque su presidenta, Lizbeth Mata Lozano, del PAN,
se excusó por estar en desacuerdo con esa reforma.
Lejos de presentar la iniciativa en forma institucional, la diputada
Bustamante Castellanos se lanzó contra la oposición como abanderada de
su partido y de la llamada cuarta transformación.
De entrada, afirmó que el objetivo de la propuesta presidencial
es que “tratándose los juicios de amparo que se resuelvan, temas de
inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las
suspensiones (amparos) que se dicten fijarán efectos generales, como
actualmente lo hacen.
“Esto, como una medida que permita garantizar el respeto irrestricto de
la separación de Poderes y fundamentalmente garantizar el principio de
presunción de la constitucionalidad de las leyes que aquí se aprueban.
“Asimismo, deroga la facultad del órgano jurisdiccional de amparo en
aquellos casos que excepcionalmente concedía la suspensión, porque a su
juicio tenían una negativa de la medida suspensional (sic) que pudiera
causar mayor afectación al interés social, que principalmente eran
determinados por el interés económico y nunca social”.
A partir de allí, la legisladora “morena” arremetió contrala oposición:
“Quiero decirle al pueblo de México, que no crea las mentiras de la
oposición. El proyecto que hoy se presenta no busca limitar, ni reducir
o restringir el efecto protector y garantista del juicio de amparo,
justo porque el juicio de amparo es el recurso judicial más efectivo y
más protector con el que cuentan las y los ciudadanos para defenderse de
los actos de la autoridad que consideran excesivos o arbitrarios.
“Sin embargo, las disposiciones vigentes que hoy se encuentran en el
centro de la discusión, le han otorgado al Poder Judicial, resolver bajo
un criterio unipersonal, una potestad discrecional, que al no estar
reglamentada le ha otorgado una cuota excesiva de poder que ya no obra
solo como un contrapeso natural...”
Esto desató las protestas entre las bancadas del bloque opositor
(PAN-PRI-PRD, a los que esta vez se sumó MC), al grado que la diputada
Elizabeth Pérez Valdez, del PRD, presentó una moción de orden.
Sorprendida, la presidenta de la Cámara, la priista Marcela Guerra
Castillo, le respondió que no había desorden en el salón de sesiones.
La perredista aclaró: “Sí es de orden, presidenta, porque, a pesar de
que no hay desorden, la compañera diputada está haciendo la
fundamentación por parte de la comisión. No tiene nada que ver su
opinión o su voto o su grupo parlamentario con la fundamentación
institucional de la comisión.
“Por lo tanto, la presentación del presente dictamen que se va a poner a
discusión ante el pleno tiene que ser de manera institucional. Si la
diputada quiere hacer un posicionamiento político al respecto del
razonamiento de su voto, hay otro espacio que puede ser por grupo
parlamentario mediante una reserva.
“Yo le pido con todo respeto a la diputada que está presentando, que no
es la presidenta de la comisión, sino es una compañera que es parte de
la comisión, actúe de manera institucional ante este pleno y que lo que
tenga que ver con su posicionamiento como diputada o como fracción
parlamentaria lo haga en el tiempo correspondiente”.
La respuesta de la presidenta fue institucional, pues no se
atrevió a reprender a la oradora, simplemente ordenó que la moción de
orden quedara asentada en el Diario de los Debates.
No obstante, los legisladores oficialistas aprovecharon para
lanzar una nueva andanada contra la oposición, con el argumento de
defender la libertad de expresión de su compañera. En esta posición se
distinguieron el expriista Juan Ramiro Robledo y el legislador del
partido satélite PT Benjamín Robles Montoya.
Les enmendó la plana el panista Jorge Triana Tena, quien
advirtió:
“Si bien es cierto, nadie puede conculcar el derecho que tiene la
diputada a expresarse libremente en la tribuna, esto hay que dejarlo
claro, también es cierto que la fundamentación, como su nombre lo dice,
es una fundamentación del dictamen, no es una fundamentación de la
posición de su partido, de su grupo parlamentario o de su persona. La
persona que fundamenta el dictamen, no importa que sea presidenta o no
de la comisión, secretaria o no de la comisión, no importa el rol que
juegue en esta comisión, tiene que hablar a nombre de las y los
integrantes de la comisión. Y las y los integrantes de la comisión son
la pluralidad, son expresiones diferentes. Más aún cuando se trata de un
dictamen que fue votado de manera disímbola”.
Otra vez, salomónica, Marcela Guerra dispuso que ese breve debate
quedara asentado en el Diario de los Debates y continuar el proceso para
revisar la iniciativa del inquilino de Palacio Nacional.
Si la forma de presentar la iniciativa desató el
enfrentamiento, más se intensificó cuando se entró a la revisión del
dictamen.
De entrada, al presentar una moción suspensiva, el diputado del
PAN Francisco Javier Huacus Esquivel puso el debate en sus términos:
“Nuestro sistema jurídico ha brillado a nivel mundial por las
garantías que protege y la forma en la que los y los gobernados pueden
protegerse de actos arbitrarios de autoridades, tanto federales,
estatales y municipales. El juicio de amparo es el instrumento jurídico
por naturaleza, que permite la defensa de las y los gobernados,
convirtiéndose en el mecanismo más importante para garantizar los
derechos humanos. Además, es un recurso jurídico netamente mexicano.
“Este legado de Mariano Otero hoy lo quieren destruir. Pretende eliminar
la protección del gobernado planteando una reforma que es
inconstitucional y que la Suprema Corte de Justicia seguramente o
sancionará de esa manera y la dejarán sin efectos. Con la reforma que
pretenden aprobar violentarán el artículo 1o. del principio de
progresividad de los derechos humanos, los artículos 103 y 107 de
nuestra Constitución, artículo 25 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y Segundo Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos.
“Hoy, este gobierno tiránico vulnera el sistema de protección
que rige la vida de los Estados Unidos Mexicanos. Para los que no saben,
nuestro país está sustentado en una división de Poderes con pesos y
contrapesos y que ustedes han convertido lastimosamente a este Poder
Legislativo en una simple oficialía de partes del Ejecutivo federal.
Solicitamos que esta iniciativa se regrese a comisiones para que se haga
un análisis a detalle, donde se determine su constitucionalidad o no,
que permita analizar sus alcances y la afectación que tendrá sobre las
garantías constitucionales.
“Esta iniciativa nos pone a un paso de la tiranía donde las y los
mexicanos no podamos defendernos de actos arbitrarios de la autoridad, o
leyes que lesionen nuestros derechos. Están eliminando las garantías
individuales de los ciudadanos, básicamente su gobierno quiere que el el
pueblo no se queje, que el pueblo no levante la voz, porque si el
gobierno no te da tus medicamentos contra el cáncer, ya no podrás
ampararte; porque si el gobierno destruye zonas protegidas para sus
proyectos, ya no podrás ampararte; porque si alguna autoridad te detiene
y eres inocente, ya no podrás ampararte, prácticamente están eliminando
la única herramienta que sirve como protección instantánea y temporal a
nuestros derechos”.
Como siempre, la mayoría oficialista impuso su número. La reforma quedó
aprobada, con rechazo de todas las inconformidades de la oposición.
riverapaz@infinitummail.com
riparcangel@hotmail.com
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